 |
| El general de división Juan Picasso |
El Expediente Picasso es el nombre con que conoce al informe redactado por el general de división Juan Picasso González, destinado en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en relación a los hechos acontecidos en la Comandancia General de Melilla en los meses de julio y agosto de 1921: el llamado Desastre de Annual y el abandono de las posiciones.
Tras el derrumbamiento militar, el Alto Comisario Dámaso Berenguer, trasladado a esta plaza, solicitó al ministro de la Guerra que un oficial general, nombrado por aquél, investigase los hechos y depurase las responsabilidades que hubiera lugar. Mediante la Real Orden de 4 de agosto de 1921 el vizconde de Eza, ministro de la Guerra, nombró al general Picasso para que investigara en la propia plaza de Melilla los hechos ocurridos, con la ayuda del auditor de brigada Juan Martínez de la Vega y Zegrí. Sin embargo, el desastre se reveló de tal envergadura que el gobierno de Allendesalazar se vio obligado a dimitir. En agosto de 1921, el rey Alfonso XIII encarga formar Gobierno a Antonio Maura, que nombró a Juan de la Cierva como ministro de la Guerra.
Picasso ya había comenzado sus investigaciones en Melilla, y el 15 de agosto envió al general Berenguer un escrito solicitando los planes de operaciones que habían guiado la actuación del general Silvestre y sus tropas. El general Berenguer, preocupado de que la investigación pudiese mostrar las responsabilidades del Alto Mando (concretamente, las suyas propias), trasladó el escrito al ministro de la Guerra el 20 de agosto, solicitando instrucciones al respecto y manifestando así mismo que no se consideraba autorizado a proporcionar tan información por ser materia reservada. Presionado el ministro, se dictó una nueva Real orden el 24 de agosto, aclarando al general Picasso que los acuerdos, planes o disposiciones del Alto Comisario quedaban fuera de sus investigaciones, y que debía limitarse a los hechos realizados por los jefes, oficiales y tropa para deducir responsabilidades en los casos en los que no se hubieran cumplido las obligaciones militares.
El 31 de agosto el general manifestó en carta al ministro su desacuerdo con la Real Orden, manifestando que se debía investigar sin exceptuar a nadie, incluidas las más altas instancias del mando, ya que no se podían concretar las responsabilidades a sucesos incidentales, consecuencia natural y obligada de los errores y desaciertos del mando. Ofrecía asimismo la posibilidad de que se le relevase de la comisión encargada para continuar su trabajo como representante militar español ante la Sociedad de Naciones.
Picasso decide no dimitir y se traslada a Melilla. Toma declaración a setenta y nueve personas, sólo en relación con Annual. Uno a uno, escribe «Muerto», «Desaparecido», «Presente» o «Plaza» junto a los nombres de los soldados y oficiales que se vieron envueltos en el Desastre. El 23 de enero de 1922, tras nueve meses de trabajo, el General regresa a Madrid con un abultado expediente de 2.433 folios. El 18 de abril el general entregó el expediente (y un resumen final redactado por él mismo) al Congreso.
Por Real Orden comunicada el 21 de abril, el Consejo Supremo de Guerra y Marina recibió el expediente, pasándolo el 24 de abril al fiscal militar, José García Moreno, que el 26 de junio lo devolvió al Consejo Supremo, pronunciándose por pasar lo actuado al reunido, en Sala de Justicia, por haber hallado indicios de responsabilidades penales, solicitando ratificar todos los testimonios y subsanar las deficiencias halladas; abrir expediente para detallar méritos y recompensas; y comunicar lo actuado al Ministerio de la Guerra. Dos días más tarde, el 28 de junio, el fiscal togado, Ángel Romanos, remitió un escrito al Consejo identificándose con el informe del fiscal militar.
El 6 de julio se reunió el Consejo Supremo en pleno, acordando pasar lo actuado al reunido, constituido en Sala de Justicia; rechazar la formación de expedientes de recompensas; y remitir al Ministerio de la Guerra una copia del expediente, del informe del fiscal militar y de los acuerdos del Consejo.
Se formó una Comisión parlamentaria de Responsabilidades, denominada de los «Diecinueve», y el 3 de noviembre de 1922 el ministro de la Guerra remitió al Presidente del Congreso de los Diputados una relación de testimonios deducidos del expediente y una serie de documentos y telegramas considerados de interés, que se completó el día 13 con siete documentos más. Durante ese mes hubo duros y exaltados debates en el Congreso, sobre lo ocurrido en Melilla, produciéndose filtraciones a la prensa, que indignaron a la opinión pública, pues se barajaba la cifra de 14.000 muertos (en la actualidad se calcula que la cifra de muertos en Annual es superior a los 20.000).[se requiere cita]
El 10 de julio de 1923 se constituyó la Segunda Comisión de Responsabilidades, formada por 21 diputados, que debía emitir una resolución en veintiún días. El 7 de agosto el general Berenguer fue llamado a declarar ante la Comisión, pero su condición de diputado impidió que la cosa fuese a mayores. El día 11 de agosto se negó a la Comisión las actas de la Junta de Defensa Nacional, y comenzó a rumorearse que el propio rey estaba implicado en el desatre. Ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos y la falta de acuerdo de los miembros de la Comisión, acordaron convocar el Pleno de la Cámara para el 1 de octubre y que se efectuase una votación general sobre el asunto.
Sin embargo, el Pleno nunca llegó a reunirse: el 13 de septiembre el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se pronunció militarmente, disolvió las Cámaras y proclamó la Dictadura con el visto bueno del rey, finalizando así el proceso de depuración de responsabilidades. Convencido de que Primo de Rivera quería destruirlo, el antiguo diputado Bernardo Mateo Sagasta Echevarría rescató el expediente de los archivos y lo ocultó en la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos, de la que era director. Allí permaneció hasta el advenimiento de la II República, pues, al parecer, Mateo Sagasta devolvió el Expediente al Congreso en 1931.
El rey fue procesado y condenado in absentia en las Cortes el 19 y el 20 de noviembre, condena que necesita ser estudiada a la luz de la intervención de documentos que hizo la Comisión de Responsabilidades en el domicilio de José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador. Se sabe que, tras abandonar el poder, Miguel Primo de Rivera había abandonado España en dirección a París con varias maletas de documentos. El Resumen elaborado por el propio Picasso fue enviado a las Cortes y fue publicado en 1931, al igual que los informes de la Comisión de Responsabilidades.
Durante la dictadura militar del general Franco nada se supo del famoso expediente. Diego Abad de Santillán prologó en 1976 una edición fuera de España (El Expediente Picasso, Buenos Aires, 1976).
