Represión institucionalizada

Las distintas organizaciones vinculadas al Movimiento Nacional, durante la guerra civil y los años inmediatamente posteriores a ella participaron activamente en la labor represora, por ejemplo a través de los servicios de información de Falange o mediante los informes y certificados de buena conducta o adhesión al Movimiento Nacional que debían emitir las autoridades locales (municipales e incluso eclesiásticas como los párrocos). Todo el aparato del Movimiento proporcionó datos que resultaron fundamentales para llevar a cabo el encarcelamiento o desaparición física de opositores al Alzamiento y al Movimiento Nacional, participaron en la formación de Comisiones Depuradoras que tenían entre sus objetivos separar del servicio a los funcionarios del antiguo Estado Republicano que se habían mostrado desafectos hacia el nuevo Estado Nacional franquista. En particular sus informes fueron especialmente valiosos para poder proceder a la Depuración del Magisterio español tras la Guerra Civil Española. Desde el personal subalterno e intermedio de las administraciones públicas hasta los cargos directivos, incluso cierta cantidad de plazas del profesorado universitario (dejadas libres por él la guerra y el exilio), fueron ocupadas por personas vinculadas al Movimiento, en algunos casos mediante oposiciones patrióticas a las que los aspirantes (y a veces el propio tribunal) acudían uniformados, y que explícitamente tenían en cuenta los méritos políticos o el heroísmo demostrado, frente al de sus posibles competidores.

La represión franquista se fue haciendo más sutil a lo largo de los años posteriores a medida que el régimen evolucionaba hacia lo que se denominó el aperturismo, aunque nunca dejó de estar presente, consiguiendo hacerse ubicuo e interiorizado por la sociedad en lo que se denominó franquismo sociológico.

En los últimos años del franquismo, la facción más involucionista, denominada el búnker, pretendía el mantenimiento a ultranza del Movimiento Nacional en sus más puras esencias. Paulatinamente alejada del poder efectivo, pero con presencia en los medios de comunicación (El Alcázar) y en algunas instituciones (Hermandad de Excombatientes, una parte de los procuradores en cortes, incluyendo a algunos obispos como José Guerra Campos -entre 1964 y 1972 Secretario General del Episcopado Español- y desde entonces minoritarios en la Conferencia Episcopal dominada por el aperturista Vicente Enrique y Tarancón) fue derivando a posturas radicales, que llegaron incluso a la aparición de un terrorismo tardofranquista a través de grupos como los Guerrilleros de Cristo Rey que se caracterizaron acciones violentas de mayor o menor envergadura contra muy distintos objetivos no sólo políticos sino sociales identificados con la oposición al franquismo (por ejemplo, locales sindicales o librerías).

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