miércoles, 9 de febrero de 2011

Doctrina Monroe


La doctrina Monroe, sintetizada en la frase “América para los americanos”, fue elaborada por John Quincy Adams y atribuida a James Monroe en el año 1823. Dirigida principalmente a las potencias europeas con la intención de que los Estados Unidos no tolerarían ninguna interferencia o intromisión de las potencias europeas en América.
La frase toma su sentido dentro del proceso de imperialismo y colonialismo en el que se habían embarcado las potencias económicas de esos años. Se presentó como defensa de los procesos de independencia de los países sudamericanos. Sin embargo, se produjeron igualmente intervenciones europeas en asuntos americanos como por ejemplo la ocupación española de la República Dominicana entre 1861 y 1865, el bloqueo de barcos franceses a los puertos argentinos entre 1839 y 1840, el establecimiento de Inglaterra en la costa de la Mosquitia, en Nicaragua, y la ocupación de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña en 1833.
La doctrina fue presentada por el presidente James Monroe durante su séptimo discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión. Fue tomado inicialmente con dudas y posteriormente con entusiasmo. Fue un momento definitorio en la política exterior de los Estados Unidos. La doctrina fue concebida por sus autores, especialmente John Quincy Adams, como una proclamación de los Estados Unidos de su oposición al colonialismo, pero ha sido posteriormente reinterpretada de diversas maneras.
Al comienzo del siglo XX Estados Unidos afirmó su Doctrina del destino manifiesto y el presidente Theodore Roosevelt emitió el Corolario de 1904 (Corolario Roosevelt) afirmando que, si un país americano situado bajo la influencia de los EE.UU. amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el gobierno de EE.UU. estaba obligado a intervenir en los asuntos internos del país "desquiciado" para reordenarlo, restableciendo los derechos y el patrimonio de su ciudadanía y sus empresas. Este corolario supuso, en realidad, una carta blanca para la intervención de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

José Rizal


(José Rizal y Alonso; Calamba, Filipinas, 1861-Manila, 1896) Político y escritor filipino. Comenzó sus estudios universitarios con los jesuitas en Manila, y en 1882 ingresó en la Universidad de Madrid, por la que se licenció en medicina y en filosofía y letras. Durante un viaje por Europa escribió Noli me tángere, novela anticolonialista en la que denunciaba los abusos de la Administración española en Filipinas, donde se prohibió su publicación. Rizal, cuya militancia política se había iniciado en el claustro universitario, se oponía enérgicamente al desmesurado poder de las Órdenes católicas españolas. En este sentido, su obra El filibusterismo resumió su ideología nacionalista, que más tarde difundió a través de la Liga Filipina, una sociedad secreta que fundó en Hong Kong.
Gracias a una apertura del gobierno, en 1887 pudo regresar a su patria, pero la estrecha vigilancia policial a que fue sometido lo obligó a marcharse al año siguiente. Regresó en 1892, tras haberse comprometido a no realizar actividad política alguna. Sin embargo, la dramática situación de los campesinos de Calamba, que habían sido desposeídos de sus viviendas, lo indujo a tomar abierto partido por éstos. Ese mismo año, marchó a Hong Kong, donde pretendió crear una colonia en Borneo y fundar allí la Liga filipina, por lo que, acusado de formar parte de sociedades secretas, fue deportado a Mindanao.
En 1896 emprendió viaje a Barcelona y de nuevo fue acusado, esta vez injustamente, de intervenir en la insurrección de la sociedad secreta Katipunan. Detenido y trasladado a Manila, fue sometido a un consejo de guerra. Pi y Margall, con quien le unía una profunda amistad, solicitó el indulto, pero la petición fue desestimada por Cánovas. Fusilado en Manila, su lucha por el pueblo filipino lo convirtió en paladín del independentismo.

José Martí


El puesto que José Martí tendría en la Historia de América y en particular de Cuba, como uno de los héroes de la libertad y defensor de la soberanía, comenzó ya en su adolescencia: fue enviado al presidio político por haber escrito una carta a un compañero de clase en la que lo tildaba de traidor por haberse unido al "Cuerpo de Voluntarios" que servían a los intereses de España.
Después del presidio fue deportado a España, donde estudió. Su regreso a Cuba estuvo marcado por una constante vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad españolas, hecho que lo obligó a viajar por otros países americanos como Guatemala, Venezuela, México y Estados Unidos. En este último país, apoyado por exiliados cubanos y por las comunidades cubanas de Tampa y Nueva York, Martí organizó el Partido Revolucionario Cubano cuyo principal objetivo era lograr la independencia de Cuba. Más tarde patriotas puertorriqueños se unieron con el compromiso de que una vez liberada Cuba, las fuerzas independentistas hicieran lo mismo con Puerto Rico. Conocedor de las razones del fracaso de la Guerra de los Diez Años, Martí preparó las condiciones para que las mismas no se repitieran, dándole a la fuerza militar un poder ilimitado en cuanto a estrategia y táctica, pero dejando al poder civil solamente la tarea de sustentar diplomática, financiera y legalmente la guerra y de gobernar en los territorios liberados. Martí viajó a Costa Rica, en donde vivía Antonio Maceo, para convencerlo de la necesidad de su aporte a la gesta de independencia. Lo mismo hizo con Máximo Gómez, quien vivía en la República Dominicana. Fue en este último país en donde se firmó el Manifiesto de Montecristi que expresa la necesidad de la Independencia de Cuba. Embarcando desde Haití al frente de una reducida fuerza militar, desembarcaron en Playitas de Cajobabo para coincidir con el Grito de Baire y el levantamientos en varios zonas del oriente de Cuba.

martes, 8 de febrero de 2011

Regionalismo y nacionalismo en el XIX

A fines del siglo XIX, nacen en Cataluña y el País Vasco movimientos que cuestionan la existencia de una única nación española en España. El punto de partida de los argumentos nacionalistas consiste en afirmar que Cataluña y el País Vasco son naciones y que, por consecuencia, tienen derecho al autogobierno. Esta afirmación la basan en la existencia de unas realidades diferenciales: lengua, derechos históricos (fueros), cultura y costumbres propias. Estos movimientos tendrán planteamientos más o menos radicales: desde el autonomismo al independentismo o separatismo.

El nacionalismo catalán

Cataluña y los demás reinos de la Corona de Aragón habían perdido sus leyes y fueros particulares con los Decretos de Nueva Planta, tras la guerra de Sucesión.

Durante el siglo XIX, el siglo del nacionalismo en toda Europa, el sentimiento nacionalista se reavivó entre una burguesía que estaba protagonizando la revolución industrial. El regionalismo y el nacionalismo catalán se fue construyendo en varias etapas:

Valentí Almirall

  • En la década de 1830, en pleno período romántico, se inicia  la Renaixença, movimiento intelectual, literario y apolítico, basado en la recuperación de la lengua catalana.
  • En 1882, Valentí Almirall creó el Centre Catalá, organización política que reivindicaba la autonomía y denuncia el caciquismo de la España de la Restauración.
  • Enric Prat de la Riba fundó la Unió Catalanista (1891) de ideología conservadora y católica. Al año siguiente, esta organización aprueba las denominadas Bases de Manresa, programa en el que se reclama el autogobierno y una división de competencias entre el estado español y la autonomía catalana. Fuertemente nacionalista,   la Unió Catalanista no tuvo planteamientos separatistas.
  • En 1901 nace la Lliga Regionalista con Francesc Cambó con principal dirigente y Prat de la Riba como ideólogo. Es un partido conservador, católico y burgués con dos objetivos principales:
    • Autonomía política para Cataluña dentro de España. La Lliga nace alejada de cualquier independentismo. Cambó llegó a participar en el gobierno de Madrid, pese a no conseguir ninguna reforma ante el cerrado centralismo de los gobiernos de la Restauración.
    • Defensa de los intereses económicos de los industriales catalanes. Defensa de una política comercial proteccionista.
El nacionalismo catalán se extendió esencialmente entre la burguesía y el campesinado. Mientras tanto, la clase obrera abrazó mayoritariamente el anarquismo.

El nacionalismo vasco

A lo largo del siglo XIX, las sucesivas Guerras Carlistas no supusieron sino derrotas para el Pueblo Vasco, tras las cuales se fueron eliminando paulatinamente los Fueros, en un complicado proceso que, iniciado por la Ley de 25 de octubre de 1839 de Reforma de los Fueros Vascos, culminó con la Ley de 21 de julio de 1876, que supuso la definitiva liquidación del ordenamiento foral.

A lo largo del siglo XIX, las sucesivas Guerras Carlistas no supusieron sino derrotas para el Pueblo Vasco, tras las cuales se fueron eliminando paulatinamente los Fueros, en un complicado proceso que, iniciado por la Ley de 25 de octubre de 1839 de Reforma de los Fueros Vascos, culminó con la Ley de 21 de julio de 1876, que supuso la definitiva liquidación del ordenamiento foral.

A lo largo del siglo XIX, las sucesivas Guerras Carlistas no supusieron sino derrotas para el Pueblo Vasco, tras las cuales se fueron eliminando paulatinamente los Fueros, en un complicado proceso que, iniciado por la Ley de 25 de octubre de 1839 de Reforma de los Fueros Vascos, culminó con la Ley de 21 de julio de 1876, que supuso la definitiva liquidación del ordenamiento foral.


La defensa de los fueros vascos quedó ligada a la causa carlista durante el siglo XIX. Las sucesivas derrotas de los absolutistas llevaron a la abolición de los fueros en 1876. La burguesía vizcaína, enriquecida por la naciente revolución industrial, fue el terreno social en el que nació el nacionalismo vasco.
Sabino Arana
El Partido Nacionalista Vasco, PNV, (Euzko Alderdi Jeltzalea, EAJ)  fue fundado por Sabino Arana Goiri en 1895. Este hombre, nacido en el seno de una familia carlista y ultracatólica, formuló los fundamentos ideológicos del nacionalismo vasco:
  • Independencia de Euskadi y creación de un estado vasco independiente en el que se incluirían siete territorios, cuatro españoles (Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra) y tres franceses (Lapurdi, Benafarroa y Zuberoa)
  • Radicalismo antiespañol
  • Exaltación de la etnia vasca y búsqueda del mantenimiento de la pureza racial. Esta actitud racista implicaba la oposición matrimonio vascos y maketos (habitantes del País Vasco procedentes de otras zonas de España), rechazo y desprecio ante estos inmigrantes, en su mayoría obreros industriales.
  • Integrismo religioso católico: Arana afirmó “Euskadi se establecerá sobre una completa e incondicional subordinación de lo político a lo religioso, del Estado a la Iglesia”. El lema del PNV será “Dios y Leyes Viejas” Este aspecto es un claro elemento de continuidad con el carlismo.
  • Promoción del idioma y de las tradiciones culturales vascas. Euskaldunización de la sociedad vasca y rechazo de la influencia cultural española, calificada de extranjera y perniciosa.
  • Idealización y apología de un mítico mundo rural vasco, contrapuesto a la sociedad industrial "españolizada".
  • Conservadurismo ideológico, tanto en el terreno social como en el político, que lleva al enfrentamiento con el PSOE, principal organización obrera en Vizcaya.
  • Denuncia del carácter españolista del carlismo.
La influencia social y geográfica del nacionalismo vasco fue desigual:
  • Se extendió sobre todo entre la pequeña y media burguesía, y en el mundo rural.  La gran burguesía industrial y financiera se distanció del nacionalismo, y el proletariado, procedente en su mayor parte de otras regiones españolas, abrazó mayoritariamente el socialismo.
  • Se extendió en Vizcaya y Guipúzcoa. Su influencia en Álava y Navarra fue mucho menor.
El nacionalismo o regionalismo gallego y valenciano, finalmente, fueron fenómenos muy minoritarios.

jueves, 3 de febrero de 2011

El sistema de la Restauración

Pacto del Pardo (1885)


El Pacto de El Pardo fue un acuerdo llevado a cabo el 24 de noviembre de 1885, en vísperas de la muerte del rey Alfonso XII, entre Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta, líderes respectivos de los dos partidos más importantes de la Restauración monárquica, el Partido Conservador y el Partido Liberal, con el propósito de apoyar la regencia de doña María Cristina de Habsburgo-Lorena (embarazada del futuro rey Alfonso XIII) y garantizar la continuidad de la monarquía ante la difícil situación creada por la prematura muerte del joven monarca, sobre todo, teniendo en cuenta las fuertes presiones por parte de los carlistas y de los republicanos.
La entrevista se realizó gracias a la mediación del general Martínez Campos. En este pacto se sancionó el turno de gobierno entre ambas formaciones (aunque estaba ya implícito desde el año 1881, fecha en la que Sagasta asumió el poder por primera vez), por el que Cánovas se comprometió a ceder el poder a los liberales de Sagasta a cambio de que éstos acataran la Constitución del año 1876. El 27 de noviembre, Sagasta formó un nuevo Gobierno, tal como se había acordado tres días antes. El turno instaurado en el Pacto del Pardo se llevó a cabo con bastante corrección entre ambas formaciones y en la práctica funcionó aceptablemente hasta el 1909.

Pucherazo


El pucherazo era uno de los métodos de manipulación electoral usados principalmente durante el periodo de la Restauración borbónica en España para permitir la alternancia pactada previamente entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, es decir, el turnismo, dentro del modelo de dominación política local (sobre todo en las zonas rurales y las ciudades pequeñas) conocido como caciquismo. Para llevar a cabo la manipulación, se guardaban papeletas de votación (por ejemplo en pucheros, de donde viene la denominación que se popularizó), y se añadían o se sustraían de la urna electoral a conveniencia para el resultado deseado. Otros métodos consistían en la colocación de las urnas en lugares de imposible acceso o la manipulación de las votaciones con lázaros (votos de fallecidos que, al menos sobre el papel resucitaban como el Lázaro de los Evangelios) y cuneros (electores que se inscribían irregularmente en una circunscripción que no les correspondía). En los periodos posteriores de la historia electoral española, el nombre de pucherazo siguió empleándose como sinónimo de fraude electoral.
Desde el comienzo del régimen liberal todos los gobiernos habían ganado las elecciones que ellos mismos convocaban, lo que se representaba con la frase: «las elecciones no hacen a los gobiernos, sino los gobiernos a las elecciones». En 1878, ya bajo la Restauración y la Constitución española de 1876, se pretendieron tomar medidas con el propósito de hacer las elecciones más libres: la principal era que las elecciones duraran sólo un día y no varios, eliminando la posibilidad de falsificar votos según la información proporcionada al gobierno en varios días. No obstante, se había vuelto al sistema de sufragio censitario (en 1869, durante el Sexenio Revolucionario, se había implantado el sufragio universal masculino, que se volvió a recuperar en 1890, tras el pacto de El Pardo de 1885). El procedimiento electoral incluía el encasillado o selección de los candidatos concertados para ocupar los puestos a elegir por las circunscripciones más adecuadas. La gestión de todo el procedimiento dependía del Ministerio de la Gobernación. Otras cuestiones que empañaban la pureza del sistema electoral eran el control del Congreso para repartir actas de diputados y la capacidad de interferencia de los ayuntamientos en el censo electoral y en las votaciones.
En 1907 se aprobó una ley electoral con el teórico objetivo de eliminar el pucherazo, pero que contenía procedimientos que en la práctica lo fomentaban. El principal consistía en que en la circunscripción donde sólo se presentara un candidato, éste era nombrado automáticamente electo, sin necesidad de celebrarse las votaciones. Llegó a haber convocatorias electorales, como las de 1923, en que hasta 146 diputados obtuvieron su escaño sin necesidad de recurrir a las urnas, a pesar de ese truco no se obtuvo mayoria absoluta el partido gobernante, aunque eso si se estuvo cerca y en otra un 30% del censo electoral no pudo ejercer su teórico derecho al voto. Esta ley estuvo en vigor hasta las elecciones municipales de 1931, donde muchos concejales fueron elegidos por este procedimiento (14.018 monárquicos y 1.832 republicanos).
Llegó a haber elecciones durante la Crisis de la Restauración en las que ningún partido obtuvo mayoría suficiente para gobernar: las de 1918 y 1919. Las circunstancias eran las posteriores a la Crisis de 1917, para salir de la cual se recurrió a gobiernos de concentración de todos los partidos, con lo que no había un gobierno monocolor que pudiera gestionar a su conveniencia el proceso electoral. Es de destacar que en 1919 no se obtuvo mayoría a pesar del endurecimiento del sistema, que significó suspender las garantías constitucionales. En estricto cómputo numérico, ya las elecciones de 1914, como posteriormente las de 1920 y 1923, aunque en este último año había poco para la absoluta, no habían arrojado mayorías absolutas, pero sí una mayoría relativa tan amplia, y una dispersión tal de los escaños de las minorías, que no dificultaron por ello la formación de gobiernos al partido vencedor.

Caciquismo


Caciquismo es el nombre que recibió el entramado de relaciones sociales que definían la vida política durante los años de la Restauración borbónica.
La concreción electoral del caciquismo era tan sólo una de las múltiples formas de manifestarse la influencia de los caciques en una sociedad de clientelas, aún cuando fue la principal característica. En un sentido amplio, la estructura de clientelas en la sociedad española no se creó en la época de la Restauración, sino que hunde sus raíces mucho más atrás. Fue a mediados del siglo XIX cuando, por medio de la venta de bienes desamortizados, el clientelismo rural adquirió una dimensión nueva, al afirmarse en el marco de una economía de mercado. Desde ese momento se fueron decantando las formas de relación social que, con la implantación del Estado liberal canovista, confluyeron para configurar el modo normalizado de funcionamiento político. El sistema caciquil tuvo, según todos los indicios, su principal fortaleza en el mundo agrario, aunque también actuara, en menor medida, en el urbano. Dentro de una España predominantemente rural, las tierras de la Meseta central y del Sur de la Península resultaron ser el campo abonado donde creció con mayor comodidad el caciquismo, al que dirigieron ya desde finales del siglo XIX críticas más violentas los hombres que pretendían reformar la política nacional.
El caciquismo se consolidó en España durante la Restauración (1874-1923). Los caciques se encargaban de controlar los votos de todas las personas con capacidad de voto de su localidad, lo cual era la base de la alternancia política que la Restauración demandaba. Los caciques son personas con poder económico, que cuentan con un séquito (gente que trabajan para él) formado por grupos armados, capaces de intimidar a sus convecinos que saben que si las cosas no transcurren según los deseos del cacique pueden sufrir daños físicos.
El régimen liberal español estuvo en todo momento, hasta la ruptura que significó la Segunda República, y salvo breves y dudosos períodos intermedios, dominado en cuanto se refiere a los procesos electorales por el fraude y el abstencionismo generalizados. El caciquismo era, además de un sistema de estructuración de la sociedad nada igualitario, una vía para poner en relación al mundo urbano, donde se tomaban las decisiones políticas, con el rural, es decir, con la mayor parte del país. A través de las clientelas caciquiles llegaba hasta los lugares más recónditos de la geografía española algo parecido a la autoridad.
A pesar de lo que pudiera parecer, la red caciquil no fue estática ni cerrada desde el primer momento, sino que es posible concebirla como un conglomerado dinámico, que poco a poco parece ir consolidándose en el tejido socio-político hasta hacer poco menos que imposible su desmembración a manos de los gobernantes que quisieron intentarla. El «descuaje» de tan vilipendiados mecanismos vendría de fuera de sus límites, con la irrupción de formas políticas nuevas, y ni siquiera podemos estar seguros de que su desaparición se produjera hasta la Guerra Civil, o incluso más tarde.

martes, 1 de febrero de 2011

Turno pacífico


El sistema político de la Restauración está absolutamente ligado a la figura de Antonio Cánovas del Castillo. Antiguo ministro de la Unión Liberal, su pensamiento político fue reaccionario y antidemocrático, siempre fue contrario al sufragio universal. Sin embargo, fue un político pragmático y realista que buscó el consenso entre las fuerzas liberales en las que se cimentó el régimen de la Restauración. Tras ser el artícife de la vuelta al trono de los Borbones y configurarse como la gran figura política del nuevo régimen, fue asesinado en 1897 por el anarquista Angiolillo.
Cánovas era partidario de mantener a los Borbones y el viejo sistema liberal antidemocrático basado en el sufragio censitario. Defendía la idea moderada de la soberanía compartida de Rey y Cortes, en un punto intermedio entre el Antiguo Régimen y monarquía democrática de 1869.
Sin embargo, era consciente de que era necesario renovar el agotado programa de los moderados. Estas eran las novedades que propuso:
  • Alfonso XII debía reemplazar a la impopular Isabel II. Cánovas consiguió que la reina renunciara a sus derechos al trono en 1870.
  • Había que terminar con las continuas intervenciones del Ejército, fuente continua de inestabilidad política.
  • Había que crear un sistema bipartidista basado en dos partidos burgueses que pacíficamente se fueran turnando en el poder. Estos dos partidos serían el que él creo, el Partido Conservador, que debía sustituir al agotado partido Moderado, y el Partido Liberal, dirigido por el antiguo progresista Práxedes Mateo Sagasta, que sería el heredero de los ideales de 1869 adaptados a los límites del sistema canovista.
Cánovas diseñó un sistema basado en el turno pacífico de dos partidos en el poder. El Partido Conservador, dirigido por el propio Canovas del Castillo y heredero del moderantismo, y Partido Liberal, liderado por Sagasta, al que se unirán progresistas y demócratas del Sexenio. Sagasta a menudo hablaba como un progresista radical, pero actuaba de una manera moderada y pragmática.
El sistema de turno  tuvo la gran virtud de garantizar la alternancia pacífica en el poder, poniendo fin durante un largo periodo al intervencionismo militar y a los pronunciamientos. Sin embargo, el turno fue un puro artificio político, destinado a mantener apartados del poder a las fuerzas que quedaban fuera del estrecho sistema diseñado por Cánovas: las fuerzas de izquierda, el movimiento obrero, los regionalismos y nacionalismos.
El turno en el poder no era la expresión de la voluntad de los electores, sino que los dirigentes de los partidos lo acordaban y pactaban previamente. Una vez acordada la alternancia, y el consiguiente disfrute del presupuesto, se producía el siguiente mecanismo:
  • El Rey nombraba un nuevo Jefe de Gobierno y le otorga el decreto de disolución de Cortes
  • El nuevo gobierno convocaba unas elecciones completamente adulteradas, “fabricaba” los resultados mediante el  “encasillado”, la asignación previa de escaños en los que se dejaba un número suficiente a la oposición.
Este sistema de adulteración electoral no fue único de la España de la época, el “transformismo” en Italia y el “rotativismo” en Portugal fueron sistemas similares.

Práxedes Mateo Sagasta


Político liberal español (Torrecilla de Cameros, Rioja, 1825 - Madrid, 1903). Era ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y profesor de su escuela en Madrid. Militó desde joven en el Partido Progresista, con el que participó en la Revolución de 1854. Por entonces instaló en Zamora su principal «feudo» político, al ser nombrado presidente de la junta revolucionaria de aquella ciudad; luego la representó como diputado en las Cortes desde 1854. Tras la breve experiencia de poder progresista del bienio 1854-56, volvió a la oposición como diputado y periodista de La Iberia; y en 1863 accedió a la dirección de este diario madrileño, que desde entonces se consideraría portavoz de las posturas políticas de Sagasta.
Ante la marginación de los progresistas del gobierno por parte de Isabel II, Sagasta promovió la estrategia del retraimiento (negativa a participar en las elecciones) y la preparación de una revolución para acceder al poder. Participó en dos intentonas fracasadas en 1866 (la de Prim y la del Cuartel de San Gil) y en la que finalmente tuvo éxito y destronó a la reina en 1868.
Se transformó entonces de agitador en estadista, pues durante el Sexenio Revolucionario (1868-74) fue ministro de Gobernación (1868-70, 1871 y 1874) y de Estado (1870 y 1874) y presidió tres veces el gobierno (1870-71, 1871-72 y 1874). Fue uno de los grandes defensores del modelo de Monarquía democrática que se plasmó en la Constitución de 1869.
Encabezó una de las dos ramas en las que se escindió el Partido Progresista, quedando al frente de los constitucionales, mientras Ruiz Zorilla dirigía a los radicales. Fue el último jefe de gobierno del Sexenio, desalojado del poder por el pronunciamiento de Martínez Campos que restauró a los Borbones en la persona de Alfonso XII (1874).
Al constituir el régimen de monarquía doctrinaria que se plasmó en la Constitución de 1876, Cánovas del Castillo vio en Sagasta la figura más adecuada para conseguir la unidad de las dispersas fuerzas liberales y turnarse con él en el poder. Ciertamente, en 1875 Sagasta admitió -aunque de mala gana- la restauración de la dinastía histórica; aunque siguió defendiendo hasta 1877 la vuelta a la Constitución del 69.
Luego asumió el marco político establecido y trabajó durante el resto de su vida por reformarlo en un sentido más democrático y progresista. A partir de su Partido Constitucionalista fue logrando la unidad de los demás líderes liberales y progresistas no republicanos, que se unieron en el Partido Liberal Fusionista (1880) y luego en el definitivo Partido Liberal (1885), siempre con Sagasta como jefe de filas.
Desde entonces se turnó en el poder con los conservadores de Cánovas, presidiendo el Consejo de Ministros en 1881-83, 1885-90 (al inicio de la Regencia de María Cristina, el gobierno más largo de la Restauración), 1892-95, 1897-99 y 1901-02 (ya con Alfonso XIII como rey). Sagasta moderó mucho sus inclinaciones revolucionarias de la juventud, admitiendo no sólo la Constitución conservadora de Cánovas, sino también la manipulación sistemática de las elecciones para turnarse artificialmente en el Gobierno sin considerar la voluntad del electorado (contenido del supuesto Pacto del Pardo con Cánovas, en 1885).
Pero, al mismo tiempo, introdujo en el régimen innovaciones que le dieron credibilidad y flexibilidad suficientes para sobrevivir hasta 1923: repuso a los catedráticos expulsados de la universidad por sus ideas políticas (1881), amplió la libertad de imprenta (1883), estableció la libertad de asociación que permitió el desarrollo del sindicalismo obrero (1887), reguló el juicio por jurados (1888) y restableció definitivamente el sufragio universal (1890).
Enfrentado frecuentemente con los militares reaccionarios y con los intereses inmovilistas de los plantadores cubanos, no consiguió implantar en las últimas colonias españolas (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) un régimen de autonomía que evitara la insurrección contra la metrópoli.
Cuando ya era demasiado tarde y la rebelión colonial había estallado, fue llamado de nuevo al gobierno y sufrió el peor de sus tropiezos políticos: al complicarse la situación con la intervención militar de los Estados Unidos en contra de España, Sagasta aceptó ir a una guerra imposible de ganar para evitar que una actitud entreguista pudiera desacreditar al régimen y provocar una nueva revolución. Tuvo que asumir la derrota y la pérdida de las colonias por el Tratado de París (1898), así como las repercusiones morales, políticas y económicas que la crisis provocó en la metrópoli.